El fiscal considera constitucional penas más severas al varón
El fiscal considera constitucional imponer penas más duras por ser varón
La Fiscalía considera acorde con la Constitución que las agresiones cometidas en el seno de la pareja se castiguen con mayor dureza cuando el agresor es el hombre y la víctima, la mujer. Ese es el criterio que ha defendido el Ministerio Público en las decenas y decenas de informes que ha remitido al Pleno del Tribunal Constitucional en relación con las al menos 120 cuestiones de inconstitucionalidad que han presentado los juzgados de Violencia Doméstica contra el artículo 37 de la Ley Integral de Violencia contra la Mujer y contra el artículo 153.1 del Código Penal.
Ese aspecto de la Ley contra la Violencia de Género ha suscitado desde el primer momento numerosas dudas en amplios sectores judiciales y jurídicos (el CGPJ también las puso de manifiesto), desde los que se advierte de que bajo el intento de favorecer a las mujeres maltratadas se esconde una clara vulneración del derecho a la igualdad, que prohíbe la discriminación por razón del sexo. De hecho, la ley de Violencia establece que, a igual delito, la pena se agrava sólo cuando el autor es varón. Es decir, sólo en función del sexo.
Las dudas de los jueces
Esas dudas se han traducido en más de un centenar de cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por distintos juzgados especializados en la materia. Tales procedimientos se vienen acumulando desde hace dos años en el TC, que el pasado mes de enero ya había admitido a trámite 120 cuestiones pero que no ha resuelto ninguna. De la decisión del Tribunal, cuyo histórico atasco se ha visto agravado en los últimos meses por los recursos contra el Estatuto catalán, dependen las sentencias que resolverán más de un centenar de causas penales.
En el informe que la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional emitió en uno de esos procedimientos, y que se puede tomar como ejemplo, se rechaza que la discriminación positiva aplicada al ámbito penal sea contraria al derecho a la igualdad.
La primera premisa es la propia Ley Integral, cuyo objetivo es combatir «la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión». La segunda, es la obligación de los poderes públicos (establecida en la Constitución) «de adoptar medidas de acción positiva para hacer efectivos y reales» derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y el derecho a la no discriminación.
Por ello, y dada la gravísima dimensión que en España ha adquirido la violencia en el seno de las parejas, aumentar las sanciones por el mero hecho de que el agresor sea hombre no vulnera el derecho de éste a la igualdad. El sexo del agresor no carece de «neutralidad», señala el fiscal, porque «pese a las previsiones constitucionales de igualdad», son los «condicionamientos socioculturales hoy existentes» los que han convertido a las mujeres en «objeto de agresiones de toda índole en una proporción abrumadoramente superior a las que ellas ocasionan, que pueden tildarse de cuasi irrelevantes».
Las conductas que se castigan, insiste la Fiscalía, son aquellas que ponen de manifiesto «determinadas relaciones de poder y sometimiento» que implican un total desconocimiento por parte del hombre de los derechos de la mujer. Por ello, «para imponer su criterio no dudan en atentar contra su libertad, integridad, su vida» y contra su derecho a la igualdad. Además, la fiscal argumenta que se ha previsto un amplio abanico de sanciones que garantiza su proporcionalidad con respecto a la conducta castigada.
Sacrificio del derecho
En la cuestión de inconstitucionalidad a la que responde ese informe de la Fiscalía, la titular de un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Murcia cree que habría bastado con agravar las penas sin hacer distinción de sexos, «sin el sacrificio de derechos como el de igualdad» y sin echar por tierra la histórica preocupación del legislador por mantener la «neutralidad sexual» en la política criminal española.
La juez, que en ningún caso duda de la gravedad de la violencia de género, sostiene que la consecuencia de la discriminación positiva en materia penal es que se castiga al hombre «más por lo que es que por lo que hace». «Promover la igualdad a través de la desigualdad —concluye— es siempre una opción peligrosa».
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No somos más que dos personas a las que esta infame situación nos ha llevado a padecer un gran sufrimiento.